Reforma Laboral

Se avecina una nueva reforma laboral. El pasado 18 de otubre el gobierno hizo públicas sus ideas. La característica más polémica es la generalización del coste de despido a 33 días por año trabajado.

Habría básicamente dos tipos de contratos. Los denominados "ordinarios" y los de "fomento de empleo". Los primeros mantendrían los 45 días por año trabajado, los segundos los reducirían a 33. Estos últimos serían contratos fijos también. En estos últimos el empresario solamente tendría que pagar aproximadamente dos tercios del coste del despido. El resto lo financiaría el estado.

Tanto UGT como CCOO e IU se han mostrado contrarios a esta reforma. Consideran que no soluciona los principales problemas del mercado de trabajo actual. Cándido Méndez solicitó un mayor control sobre las contratas y las subcontratas y una ley laboral de atención a las personas dependientes. IU ha amenazado con romper sus apoyos al gobierno si se continúa por esta línea. La CEOE considera que el documento, tal como está, impedirá un acercamiento de las posiciones y llegar a un acuerdo. Coincide con los sindicatos en que no responde a las necesidades del mercado de trabajo, aunque no especificó que las divergencias fueran las mismas que manifestaron los sindicatos. El Círculo de Empresarios consideró positiva la reducción del coste del despido expresada en la reforma. La CEOE pidió la financiación de los despidos de empresas de menos de 50 trabajadores. Pedro Solbes lo consideró inaceptable, aunque parece ser que a estas empresas se les finaciará el 40% de las indemnizaciones sociales.

La indemnización propuesta de 33 días por año trabajado se aplica a algunos colectivos de trabajadores desde la reforma del año 1997. Pedro Solbes considera que esto ha funcionado adecuadamente y es una buena idea generalizarlo. Según él, este cambio legislativo es necesario por la desparición de las ayudas de Europa que tendrá lugar en los próximos años y el menor poder de los bajos tipos de interes para promover el crecimiento económico. Este tipo de medidas se enmarcan en una serie de actuaciones como un mayor gasto en i+d, el plan dinamizador de la economía de febrero y un nuevo enfoque de la política presupuestaria. Fuentes no oficiales apuntan a que Solbes está preocupado por la política expansionista de otros ministerios.

El documento propuesto incluye la reconversión de los contratos temporales en contratos fijos de fomento de empleo. Las condiciones son haber trabajado un mínimo de 24 meses a lo largo de un periodo de 36 meses y haber realizado un mínimo de 2 contratos. El trabajador tendrá que ser el que demande en los juzgados el nuevo contrato. En cuanto a las contratas, el empresario podrá aducir de forma general "causas objetivas económicas, organizativas y productivas" para el despido individual. No será obligatoria la subrogación de los contratos de trabajo en caso de cese del contrato entre la contrata y la empresa principal.

También se produce una disminución de las cotizaciones para las nuevos contratos fijos y las ETTs. Habrá una ampliación de la cobertura de desempleo por subsidio y una rebaja de las cotizaciones de los empresarios al FOGASA, que pasará a ser del 0.3% desde el actual 0.4%. La cesión ilícita de mano de obra (actividad prohibida por el estatuto de los trabajadores) será redefinidá de una manera restrictiva. Diversas fuentes indican que esta reforma ha estado gestándose desde hace varios meses, aunque no ha sido hasta ahora que se han hecho públicas las propuestas. Zapatero anunció que será flexible al respecto y que deben ser los agentes sociales ahora los que continúen la negociación.